Subgerente de BNF, Siro Vera, con orden de prisión

El juez penal de Garantías, José Del­más, decretó la pri­sión preventiva en el penal de Tacumbú de Siro Este­ban Vera Godoy, subge­rente del Banco Nacional de Fomento (BNF) sucursal de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, imputado por lesión de confianza y asociación criminal por el faltante de G. 2.568 millones en la entidad.

El magistrado decretó embargo de todas las cuen­tas de los demás imputados en la causa; es decir, que ya no se puede extraer ni un solo guaraní de las cuentas embargadas. El pedido fue hecho por la agente fiscal Victoria Acuña a fin de res­guardar el dinero.

José Delmás, juez de Garantías. José Delmás, juez de Garantías.
Además de Vera Godoy, tam­bién fueron imputados por lesión de confianza y asocia­ción criminal Óscar Pablino González González, gerente del BNF de San Pedro; César Luis Vargas Veláz­quez, gerente del BNF de la sucursal de Choré. Ade­más soportan proceso penal por lavado de dinero y otros, Sandra Elizabeth Mareco Medina (pareja sentimen­tal de Luis Vargas), Estela Medina de Mareco (madre de Mareco Medina), Gus­tavo Adolfo Benítez Cohene (subgerente del BNF de la sucursal de Choré) y a su hermano Juan José María Estigarribia Cohene.

La imputación señala que el 15 de enero del 2018 fun­cionarios del banco se cons­tituyeron en la sucursal de Santa Rosa del Aguaray para realizar un arqueo, ocasión en que detectaron supuestos faltantes de dinero.

El subgerente Siro Vera mani­festó que dichos fondos fue­ron retirados por el gerente de la sucursal de Choré, César Vargas. Estos retiros presun­tamente no eran registrados de modo contable.

Los fondos supuestamente eran retirados personal­mente por Vargas, quien no habría descendido de su vehículo particular para lle­var el dinero.

Los gerentes y subgerentes del BNF de Santa Rosa del Aguaray y de Choré habrían realizado estas operaciones desde abril del 2017 hasta la auditoría interna de enero del 2018. Ellos disponían del patrimonio de la entidad bancaria y con las supues­tas irregularidades finan­cieras hechas produjeron un perjuicio patrimonial de G. 2.568 millones. LN